La disposición, inexplicable por donde se la mire, no hace otra cosa que volcar una andanada de miles de votos en contra de Cambiemos y darle a los antagonistas de Macri el beneficio de achacarle la tan consabida frase de que "gobierna para los ricos". Es probable que existan irregularidades en algunos de los beneficios. Tal vez hayan sido manipulados políticamente en su momento, pero se podría haber evitado el escándalo, investigado las cuestiones sospechosas, antes de abrirle las puertas del infierno a la oposición en un año electoral.
La medida hizo recordar al recorte del 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados, que tomó Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, cargo que desempeñó con mano dura y resultados nefastos. Al terminar su gestión al frente de la cartera –que fue de octubre de 2000 a octubre de 2001–, se había superado una marca histórica de destrucción de empleos, con 750 mil puestos de trabajo menos. La desocupación había subido seis puntos, del 15,4 por ciento al 21,5. Ese año en el país también también se batió el hito de personal suspendido y recorte de horas laborales. Bullrich nunca lo lamentó públicamente, tal vez porque achicarse no sea su estilo y fue reivindicada por este gobierno en el cargo de ministra de Seguridad.
Hoy no le toca a ella ser la protagonista de la historia, pero paradójicamente es otra mujer, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social quien desde diciembre del 2015 dio de baja unas 170 mil pensiones por invalidez, mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio.
Se suponía que el presidente Mauricio Macri tenía proyectado el ajuste para después de las elecciones de octubre, de manera tal de no levantar olas en el proceso electoral. Pero por lo visto las impaciencias de ajustar el gasto público se precipitaron en estos días y despertaron el malhumor social en uno de los sectores que más angustias padecen.
Después que la bomba explotara mediáticamente y con la soga al cuello, Stanley se comunicó con la vicepresidenta de la comisión de Discapacitados de la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, para comunicarle que su cartera está dispuesta a reconsiderar los casos que lo ameriten, aunque se trata de una política que ya lleva un año y medio y no de errores puntuales. Por lo que se sabe, se desempolvó un decreto del menemismo de 1997, que el gobierno de Cristina Kirchner había flexibilizado para incluir a más beneficiarios.
Lo que hizo el macrismo, fue reducir el número de pensiones no contributivas. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, declaró el titular de la Comisión Nacional de Pnesiones Asistenciales, Guillermo Badino para justificar el ajuste sobre sectores vulnerables. Entre las causas que aduce el "hombre de hielo" para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanzar el 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión, entre otras.
Según reconoció la cartera de Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. En lo que va de este ya se dieron de baja otros 5713 beneficios a madres con más de siete hijos y se suspendieron 5714. También se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491 por el mismo concepto. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas en lo que va de 2017.
La justificación fue la revisión de los beneficios en el marco de un cumplimiento estricto de las condiciones para al acceso a este derecho de los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. Frente a los reclamos de los damnificados, en el 40 por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso que se demora seis meses en promedio.
A estas eliminaciones y suspensiones arbitrarias se suma que Desarrollo Social no pide precedentes para aclarar el estado patrimonial de las familias involucradas. También resulta grave que se haya desmontado los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias. Sobre este punto se sustentaron la mayoría de las denuncias que recogió la Defensoría del Pueblo para fundamentar las distintas presentaciones judiciales.
ambién en las últimas horas comenzaron a llover los amparos judiciales desde todos los frentes. Los senadores opositores además, intentan derogar el decreto 432/1997, en el cual se basó la cartera que encabeza Carolina Stanley para adoptar la medida. Lo que llama la atención es que un Gobierno, que cuenta con una vicepresidenta de la Nación que es discapacitada (Gabriela Michetti), al igual que el ministro de Trabajo (Jorge Triaca), no se los haya consultado para evitar el camino de una cruzada tan ingrata. El Gobierno tiene otras maneras de ajustar que no tienen costo social. Por ejemplo, reducir las jubilaciones de privilegio que representan mucho más dinero. Macri muchas veces se equivocó y dio un paso atrás con otras medidas. Sería muy loable que lo haga esta vez.
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