lunes, 1 de enero de 2018

Copas en alto, imagen en caída

Por estas horas de levantar las copas y asimilar burbujas, Mauricio Macri puede brindar porque el Congreso le sancionó ocho leyes clave en menos de tres semanas. Pero también sabe que pagará un costo político alto, sobre todo por la reforma jubilatoria. No obstante, está dispuesto a afrontarlo. En la Casa Rosada admiten que los números de aceptación popular que tenía. cayeron abruptamente, pero señalan que "se decidió "invertir" en esto. El Presidente es ingeniero y se maneja con sus fórmulas.



Sostiene que "lo que pierde hoy, lo recupera mañana y que si no lo hace. el futuro es más incierto”. Hay que decir que los riesgos que asume Cambiemos son para tener en cuenta, ya que había encontrado en los jubilados uno de los grupos más afines a su oferta electoral. ¿Lo seguirán siendo luego de este episodio? Si el Gobierno dice la verdad y el año que viene no hay una caída en el ingreso en términos reales, este traspié no debería tener efectos colaterales negativos. De lo contrario, las consecuencias pueden ser irreparables: ¿podrá el Presidente retener para el 2019 el apoyo de los abuelos?. La reforma previsional en el Banco Provincia, también tendrá un costo político para Cambiemos, ya que la mayoría de los empleados de la institución le habían dado el voto a este gobierno.
Si observamos el mapa del triunfo electoral de Cambiemos en octubre pasado y en 2015, se ve con claridad que el núcleo central del respaldo al oficialismo se encuentra en los sectores medios urbanos, rurales y entre los mayores de 65 años. El debate de por qué el grueso de esa franja etaria respalda al actual proyecto político que, entre otras cosas, también le redujo el acceso a los medicamentos, es un análisis que necesita un capítulo aparte.  
Los elementos que acabamos de mencionar son centrales para valorar otros datos que arrojan los sondeos, que confirman el impacto negativo que tuvo la reforma en las bases del oficialismo.
 
UN PLAN BASADO EN EL AJUSTE
 
Un ejercicio del menos común de los sentidos desarma la línea argumental del gobierno. La modificación de la fórmula de movilidad  pretende un “ahorro” de 100 mil millones de pesos del presupuesto de la seguridad social. ¿Quién va a “desahorrar” esos 100 mil millones de pesos? No son otros que los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios que recibirán un ingreso menor al previsto. Es de una enorme audacia afirmar entonces que los jubilados no van a perder con el ajuste trimestral del 70 por ciento inflación y 30 por ciento salario registrado (Ripte), desfasado en un semestre. 
El plan económico de Macri, que no tiene ningún elemento que no se haya ensayado en la Argentina en otros tiempos, se basa en el ajuste y la transferencia de ingresos a los sectores más poderosos del empresariado. No hay forma de que la clase media quede a resguardo de estas medidas. Salvo que el Gobierno se ilumine y salga a pescar en la laguna de los más poderosos para equilibrar un poco los costos.Tras la aprobación de la reforma previsional, se vio la primera reacción espontánea de la gente y toda la maquinaria comunicacional que el gobierno tiene a su servicio, que no pudo detenerla cuando sonaron las cacerolas en las calles. 
Según las encuestas que acaban de conocerse, tres de cada cuatro argentinos rechazan que se le haya metido la mano en el bolsillo a los jubilados y una mayoría contundente afirma que la nueva norma los perjudica. Otro dato a tener en cuenta, es que la imagen de Mauricio Macri se desplomó nada menos que nueve puntos y los que opinan mal o muy mal del Presidente superan con amplitud a los que tienen una opinión buena o muy buena. 
 
LA ENCUESTA QUE HACE CRUJIR A LA ROSADA
 
El proceso de recorte a los jubilados reafirmó una idea instalada desde hace mucho entre los ciudadanos: siete de cada diez personas creen que Macri gobierna para las clases altas mientras que apenas una de cada diez sostiene que lo hace para todos por igual. Los números son lapidarios para la Casa Rosada. La prueba está en que una amplísima mayoría, dos de cada tres, está de acuerdo con los cacerolazos. 
Las conclusiones surgen de una medición realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que conduce el sociólogo Roberto Bacman. 
La Ley Previsional, según Bacman, "es la que mayor rechazo produce". A tal punto que casi tres de cada cuatro habitantes de nuestro país están profundamente convencidos que esta medida no hará más que perjudicar abiertamente a los pasivos. En síntesis, un abierto rechazo por parte de la sociedad en su conjunto, además de los propios jubilados .Desde el punto de vista ideológico es más que esperable que los pertenecientes al segmento de los opositores se manifiesten abiertamente en contra. Pero sorprende el rechazo que produce entre los independientes (siete de cada diez) y hasta en el propio electorado que optó por Mauricio Macri en el ballotage, donde redondea algo más del 40 por ciento de oposición”.
Para Bacman “una pregunta cae de madura: ¿cuáles son los aspectos más significantes que se constituyen en el ancla principal del repudio? La respuesta hay que buscarla en la opinión que los argentinos expresan cuándo se les pregunta acerca de los probables motivos que justifican esta ley. Allí lo que se observa es contundente: la gente está convencida que más que una reforma integral al sistema jubilatorio, lo que se ha votado ha sido un verdadero ajuste. De tal modo lo afirman seis de cada diez encuestados. Realmente contundente, en especial porque los ciudadanos piensan que el dinero debe salir de otro lado, no de los jubilados”.
 
UNA TELARAÑÁ PELIGROSA PARA EL OFICIALISMO
 
Las consecuencias son palpables. “No quedan dudas que esta ley se aprobó en un clima social crítico y en un contexto de preocupación y rechazo –señala el titular del CEOP–.De uno u otro modo el gobierno quedó atrapado en la telaraña de su propio proyecto: es percibido como el principal responsable y tal situación se traslada a la mayor parte de los indicadores .La popularidad de Mauricio Macri ha recibido un fuerte golpe: ha descendido alrededor de nueve puntos porcentuales en relación a la medición de la primera semana de noviembre, cuando aún festejaba el triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Los que ahora opinan mal o muy mal del presidente suman el 54,8 por ciento, en comparación con los que opinan bien o muy bien, que son el 43,4. Es una caída fuertísima respecto de noviembre, cuando los que aprobaban a Macri eran el 52,5 por ciento". 
Se reafirma además en el imaginario colectivo, un pensamiento que ya se vino detectando a lo largo de sus dos años de gestión: "este es un gobierno de ricos para los ricos’. Esa opinión, al día de hoy, involucra a alrededor del 70 por ciento de los argentinos, y es otro de los factores que influyen notoriamente en la conformación del humor social adverso”.
La crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo de la Prefectura y la “forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional” provocaron un derrumbe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que mide la Universidad Torcuato Di Tella. Luego de tocar su techo histórico en noviembre, tras la victoria electoral de Cambiemos, el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos (de una escala de 5 puntos), “registrando el descenso porcentual más pronunciado de la gestión de Mauricio Macri (20,3 por ciento)”, indica el documento elaborado por la Di Tella. 
El derrumbe de confianza que sufrió la gestión de Cambiemos sólo es comparable, siempre según las mediciones de la Di Tella, con la caída que registró el gobierno de Cristina Kirchner (-23 por ciento) durante el conflicto con las patronales agrarias, que prácticamente paralizaron el país, y por tres mediciones registradas durante la crisis de 2002, cuando Eduardo Duhalde ejercía la presidencia. “No deja de ser revelador -analiza el informe– que la caída más pronunciada se haya producido en el rubro ‘Preocupación por interés general’ (cayó un 29 por ciento) en un contexto en que el debate político se centró en la modificación del régimen de actualización de jubilaciones y pensiones” que se trataron en el Congreso en un marco de multitudinarias protestas que concluyeron en represiones policiales. 
 
LA MUSICA DE LAS CACEROLAS PEGO FUERTE
 
El ambiente desfavorable para la Casa Rosada se verificó en los cacerolazos. El Ejecutivo trató de dejar instalada la idea de que las protestas contra la reforma previsional eran propias de violentos, pero el mismo lunes a la noche ya hubo ruidazos en una cantidad enorme de barrios. Lo mismo se replicó el martes. Es decir que la gente pasó por encima del ocultamiento de los grandes medios y la jugarreta oficial de asimilar protesta con violencia. En la encuesta del CEOP nada menos que el 65,9 por ciento de los consultados dijeron estar de acuerdo con los cacerolazos y apenas el 32,1 en contra.
También el gobierno debe poner el foco en un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí se indicó que el 47,5% de los jubilados y pensionados que viven en el Conurbano bonaerense dicen que sus ingresos no son suficientes para cubrir los consumos básicos mensuales.
El trabajo, titulado “Situación previsional y la capacidad de subsistencia de las personas mayores del Conurbano bonaerense”, marca que quienes no tienen posibilidad de cubrir sus consumos son unos 670 mil adultos mayores.
El informe, elaborado por la UCA para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ejemplifica, además, que el 14,1% del total, unos 200 mil adultos mayores, no llegan a cubir la canasta básica. Es más, declraron tener “inseguridad alimenticia”, es decir, “reducción involuntaria de la porción de comida y/o percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos doce meses”.
Otro indicador de la situación de las personas mayores es el recorte en medicamentos. Esta problemática afecta al 19,7% de los mayores del Conurbano, con preponderancia entre las mujeres (21,7%) y los que tienen niveles educativos más bajos (24,2%). A su vez, la posibilidad de ahorro de este sector de la población es más que restringida, ya que alcanza apenas al 6,9%, unas 97 mil personas. “Esta capacidad es levemente más alta en los varones (8,6%) y en quienes tienen niveles educativos más elevados (15,5%)”, señala el informe. Con estos números, las urnas de Cambiemos para el 2019 pueden sufrir un vaciamiento considerable.
La Iglesia también le encendió luces amarillas al Gobierno y le pidió más diálogo.Para Alfredo Atanasoff, el ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde y uno de los armadores del Diálogo Argentino en el 2002, "el Gobierno debe entender que aun estamos sumergidos en una crisis social que sólo se va a resolver con un llamado al diálogo amplio con todos los sectores y sin exclusión alguna". Tanto Atanasoff como Duhalde dialogaron de este tema en los últimos días con Macri, Rogelio Frigerio y Marcos Peña. Pero aún el Gobierno no movió las piezas en el tablero.

Los precios, la data que hay que tener: explotó el verano en Pinamar

Pinamar ha recuperado el esplendor de otras épocas.Miles de turistas han llegado para disfrutar de las fiestas de fin de año. "Hace rato que no vemos tanta gente, lo que preanuncia una buena temporada" le dijo a Diario Full la propietaria del balneario Perico Beach. Con la mayoría de sus paradores totalmente remozados y con amplias comocidades, las playas muestran un marco pocas veces visto.




También hay que decir que los precios han sido reajustados moderadamente con respecto al año anterior, apenas un 15%. Otra de las sorpresas es que este año, la despedida del 2017 frente al mar será distinta, con cero pirotecnia. El municipio decidió decirle adiós a las ruidosas baterías de fuegos de artificio y hasta a las inofensivas estrellitas que agitaban los niños. La prohibición de venta y, ahora también, de uso ya es total y se advirtió entre Nochebuena y Navidad, con una madrugada casi sin estruendos, no hubo que lamentar un solo caso de heridos por quemaduras.
El concejal Rafael De Vito (h.), autor del proyecto de ordenanza aprobado por el Concejo Deliberante "reveló que en el distrito se estaba jugando con fuego".  Ahora lo que se busca es preservar la integridad de las personas y, al mismo tiempo, atender reclamos de proteccionistas de animales, además de evitar incendios en una zona plena de vegetación que puede arder sin freno ante la menor chispa. De Vito sostuvo que "en cualquier momento íbamos a tener una tragedia, debido a la cantidad de  bosques que tenemos, que rápidamente pueden convertirse en pasto de las llamas".
Pinamar no está solo con estas medidas. Hace una semana se tomó similar decisión en el Partido de la Costa, con lo que se continúa el camino que hace dos años emprendió el partido de General Alvarado (Miramar, Mar del Sud), uno de los primeros en establecer un régimen de "pirotecnia cero". Otros distritos , que llegan a más de una decena en territorio bonaerense, han impuesto distintas restricciones. En algunos casos, sobre la venta en general de estos productos, y en otros, con límites según dimensión y alcances de bengalas y pequeños explosivos autorizados.
La instrumentación de estas medidas se tradujo en una notoria merma de heridos en las guardias hospitalarias de las localidades de la región. En el caso de Pinamar, por ejemplo, no hubo ni un solo afectado. "Pasamos de tres casos de quemados el año pasado a cero en esta oportunidad", reveló el director del hospital municipal, Pablo Zenón, que estuvo a cargo del servicio de guardia de emergencias.
En Pinamar regía desde 2015 la prohibición de venta. Aquel proyecto iba por la restricción total, pero el entonces intendente Pedro Elizalde vetó parcialmente la ordenanza y autorizó el uso. Cambio de gestión de por medio, el Concejo Deliberante aprobó ahora la prohibición absoluta. "Hay que ver una foto aérea de nuestro distrito, dominado por bosques, para darse cuenta del riesgo que estábamos corriendo con tanta pirotecnia lanzada al aire", ejemplificó el concejal De Vito.
Los espectáculos de fuegos artifIciales en Pinamar tienen una historia prolongada. Se inauguraron a principios de la década de los años 90. Vecinos recuerdan que cada inicio de año y sin medir costos económicos, los empresarios Oscar Andreani y  el tristemente célebre Alfredo Yabrán competían en ver quién iluminaba más el cielo de la costa. Poco a poco, se sumaron los paradores de playa ante la cantidad de público que se acercaba a brindar frente al mar para ver el espectáculo. También el municipio invirtió en el rubro, hasta que el actual intendente, Martín Yeza, dijo basta. "Lo que ahorramos en fuegos artificiales nos amplía presupuesto para colonias de vacaciones", dijo el jefe comunal .
Prohibida la venta, pero todavía autorizado el uso, en el frente de costa pinamarense se continuó con la tradición hasta el año pasado. Las mechas se encendían en los paradores a la una de la madrugada , para dar tiempo a que las familias llegaran con sus botellas y copas tras un primer brindis hogareño de medianoche.
 Adriana Mèndez, una de los propietarios del balneario Perico  Beach, parador de los más concurridos, manifestó que ya no habrá más shows de fuegos. "Hay gente que nos dice que lo lamenta, porque era algo muy vistoso y tradicional, pero este Año Nuevo será sin cielo iluminado. Nunca pasó nada, pero era un peligro para el bosque", detalló.
La experiencia durante esta Navidad fue buena. Los propios vecinos reconocen que en Pinamar casi no se oyeron estruendos. No obstante, el punto más conflictivo fue la vecina localidad de Ostende, con mucho residente y venta ilegal que es difícil de controlar. El municipio habilitó la línea telefónica 147 para denunciar el uso de pirotecnia, pero aún no se labraron infracciones.
"Igual ha sido un gran avance porque por fin se logró prohibir también el uso, y con el tiempo la costumbre pronto va a cambiar", opinó Carolina Estanga, miembro de la ONG Patitas Pinamar, que trabaja en el rescate y cuidado de perros de la calle. "El paso fundamental ahora es que el municipio controle y que se haga difusión para que todos los turistas que lleguen sepan que aquí ya no se puede usar ningún tipo de pirotecnia", agregó.
Una parte del problema asomó la última semana del otro lado de la ruta 11,. Fue en un hipermercado que está casi frente a Cariló, pero en jurisdicción de General Madariaga, distrito en el que también se aprobaron límites para la comercialización de pirotecnia. Autoridades de Pinamar formalizaron un reclamo ante la cadena comercial y lograron que se levantara el puesto que, en la playa de estacionamiento, ofrecía hasta potentes baterías de fuegos artificiales que cuestan más de $ 10.000 cada una.
Directivos de empresas del rubro se comunicaron con autoridades municipales con intención de revisar la ordenanza en función de la posible pérdida de puestos de trabajo en las fábricas de pirotecnia. "Más se puede perder con los riesgos de su uso", fue la respuesta. 
En lo que tiene tiene que ver con los precios de temporada, la oferta es más tentadora que otros años. Apenas sufrieron un reajuste del 15%. Por todo el mes de enero, una sombrilla en los paradores oscila en $9.000 y para febrero $7.300, en tanto que una carpa por el mismo período, cuesta entre $19.500 y $ 20.000 y en febrero $ 11.500, Los alquileres de casas, de acuerdo a la ubicación y las comodidades, van de los $90.000 a los $190.000 por todo enero. Y los departamentos. también teniendo en cuenta las habitaciones y la cercanía del mar, entre $70.000 y $120.000 por el mismo período.
Para comer en los paradores, hay que prever que una gaseosa cuesta $45, al igual que un agua mineral. La cerveza de litro $ 130, en tanto que la pinta de medio. está en $70, Una porción de papas fritas cuesta $100 y la de rabas $220. La hamburguesa completa que viene con huevo, jamón. queso, tomate y fritas, $180, en tanto que la común se vende a $120. Una jarra de clericó, cuesta $220. Una milanesa de pollo de ternera o pollo al plato con fritas oscila en los $ 170 y la napolitana a $190. Un plato de merluza a la romana con fritas, alcanza los $200, en tanto que un café cuesta $45. con leche $60 y cada media luna $15. El verano arrancó con todo, aunque aún hay vecinos que se quejan señalando que el municipio debería pasar más seguido la máquina por las calles de tierra de la zona del golf viejo para emparejarlas un poco, frente a la gran cantidad de pozos que hay que sortear.

Los secretos del plan golpista y alertas de fin de año frente a posibles saqueos

Después del repudiable festival de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación, al Gobierno le quedó la piel sensible. Si bien es cierto que el Presidente consiguió asegurar la gobernabilidad, también hay que decir que pagó un costo político alto que habrá que leer a futuro en las encuestas. La postal de violencia en las calles que recorrió el mundo, es una mala señal para los inversores.



Después del repudiable festival de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación, al Gobierno le quedó la piel sensible. Si bien es cierto que el Presidente consiguió asegurar la gobernabilidad, también hay que decir que pagó un costo político alto que habrá que leer a futuro en las encuestas. La postal de violencia en las calles que recorrió el mundo, es una mala señal para los inversores. 
Pero los peligros aún no se han disipado. Macri quiere evitar el efecto contagio y que la pesadilla pueda extenderse para antes de fin de año con escenas de caos en las calles o intentos de saqueos como el de Luján. Para lograr ese objetivo, se dispuso un operativo de seguridad especial en el Conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde operarán fuerzas combinadas en sitios estratégicos. Los ministros de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich y el bonaerense Cristian Ritondo, acordaron un refuerzo de 6.700 efectivos.De ese número, 5 mil pertenecen a las fuerzas federales. Serán asignados a vigilar sectores pobres de las zonas sur, oeste y la ciudad de La Plata. La medida tiene su explicación. Ahora, además de las organizaciones sociales, el peronismo o el trotskismo, en los barrios hay banditas de narcos, lúmpenes y grupos de izquierdas varios que no están consolidados. "Nadie los domina y se desmadran con facilidad", resumió un funcionario nacional. 
 
FRENTE AL DELITO DE SEDICION
 
La Casa Rosada además quiere llegar hasta el hueso con los responsables de los desmanes. Impulsa una investigación judicial  bajo la figura del delito penal de sedición, la violencia y los destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso.
Macri no quiere que todo quede en delitos menores como resistencia a la autoridad. El pedido presidencial es contra los cabecillas de los partidos y las organizaciones implicados en el plan golpista. El gran desafío de la Casa Rosada consistirá entonces en acercarle pruebas al juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, y convencerlo de encuadrarla en ese delito.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando el material. Se están analizando más de 480 horas de videos para identificar a los agresores de policías y a quienes destruyeron el espacio público. Los nombres de algunos violentos y sus antecedentes, ya están en carpeta , pero por ahora la información es secreta.También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , inició una investigación criminal con las fuerzas de seguridad.
La figura de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión. Está tipificado en los artículos 22 de la Constitución y 229 y 230 del Código Penal. Macri y Bullrich quieren identificar no sólo a los autores materiales, sino también a los partidos políticos y las organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores.
 
LA APUESTA PARA EL 2019
 
Pero más allá de las acciones tendientes a dar un escarmiento a los revoltosos, el Gobierno deberá poner singular atención en los "cacerolazos" y “ruidazos” registrados durante dos jornadas consecutivas. El dato sobresaliente es que fueron protagonizados por vecinos de clase media, sin identificación política. En ese segmento, Cambiemos cosechó muchos votos. Es notorio, que algo está acelerando el pulso ciudadano, que siente que la mano del oficialismo se está metiendo de manera recurrente en su bolsillo. No hay que olvidar que la volatilidad de la clase media, es una medicina amarga que probaron en el pasado varios de los líderes que inicialmente tuvieron en las urnas significativo apoyo.
También preocupa en las altas esferas, el intento de saqueo registrado en Luján, cuando unos 100 vecinos de los barrios Juan XXIII, La Loma y San Fermín rodearon e intentaron saquear un camión con alimentos del hipermercado Wal Mart ubicado sobre el Acceso Oeste. La policía intervino y dispersó a los manifestantes, en medio de enfrentamientos, piedrazos y balas de goma. Otro frente de inquietud, fue el intento de lichamiento al diputado Martín Lousteau por parte de trabajadores del Banco Provincia que manifestaban por el centro porteño. Y no hay que olvidar tampoco el brutal ataque al periodista de TN, Julio Bazán. Se cree que todo forma parte de un plan organizado. Una locura impulsada por manos negras de la política, que seguramente intentarán generar nuevos intentos para crear zozobra antes de fin de año.
Superado ese escenario, en el entorno de Mauricio Macri aseguran que están dadas las condiciones para avanzar de aquí en más con el operativo reelección para el 2019. Aseguran que esta, y no otra, es la verdadera razón por la cual se fogoneó desde grupos hostiles un clima de inestabilidad para voltear al Presidente. Están convencidos que la intención, era hacer crujir los cimientos de la Casa Rosada. La verdadera batalla entre oficialistas y opositores que brotó desde la hoguera dialéctica del Congreso, fue por el liderazgo político. Haber aprobado la ley de reforma jubilatoria, al Gobierno le sirve de aquí en más para ratificar su capacidad de mando. Una llave fundamental que le garantiza gobernabilidad en los próximos dos años y termina con las apetencias conspirativas del club del helicóptero. 
 
LAS URGENCIAS POR EL AJUSTE
 
Algunos funcionarios le habían sugerido a Macri patear el análisis de las reformas para después de fin de año, atentos a la fuerte carga simbólica que tienen los diciembres en la Argentina desde el 2001. No obstante, el Presidente quiso sacarlas ahora. Algo de ese debate dejó trascender el martes pasado en conferencia de prensa, cuando reveló que podría haberse ido de vacaciones tranquilo, pero prefirió acelerar el tratamiento de las leyes. Con esta reforma Macri avanzó en el 40% del ajuste que debe hacer en 2018, pero todavía resta que el Estado logre un ahorro adicional de 0,6% del PBI con otras medidas. 
Al Gobierno no le dá el músculo para todo, también está el tratamiento de la reforma laboral, un tema que entró en boxes para fines de febrero o comienzos de marzo del año próximo y que también seguramente va a levantar olas de conflictividad en varios frentes.
Tras una semana huaracanada con reformas, ajuste, movilizaciones, cacerolazos y represión policial, se confirmó que Macri se tomará  desde este lunes otras dos semanas de vacaciones en Villa La Angostura. De esta manera, la cantidad de días de descanso que acumula desde que asumió sumarán 87, es decir casi tres meses. 
Macri ganó la votación en el Parlamento, aunque el precio que pagó en la calle fue innecesario. La autoridad política se conservó, a pesar de los intentos de debilitarla dramáticamente, pero las imágenes del lunes en el espacio público no pueden repetirse sin poner en riesgo la credibilidad del Gobierno y limitar su capacidad de respiro a futuro.Voltear la ley significaba, para la oposición, la oportunidad de revertir su condición de perdedora en las urnas y de reconvertirse en una opción electoral para la próxima contienda electoral.
La jornada de violencia en las inmediaciones del Congreso, que dejó un saldo de 70 detenidos y 162 heridos, 88 de ellos policías, pudo haber sido trágica. Desde los grupos violentos se buscaba un muerto y afortunadamente no lo hubo. Esa circunstancia, le habría colgado un cartel de peligro a la linea de flotación de Cambiemos. No obstante, el marco de violencia y las tensiones de una sesión maratónica, dejaron abierto un interrogante: ¿qué se discutió realmente en Diputados?. 
El oficialismo, estaba jugado a aprobar las leyes escritas después del triunfo electoral. Y la oposición, golpeada por ese mismo resultado de las urnas, debatieron largamente por una reforma previsional que tenía otro objetivo. Sin decirlo, pulsearon  con fiereza sobre la preservación o el debilitamiento del poder presidencial. Y de ese escenario, salió airoso Mauricio Macri, aunque con algunos magullones.
 
LA MANO NEGRA DE LA IZQUIERDA
 
 
Los asesores del Presidente aseguran que Cristina y Massa, pese a las diferencias que los separan, en esta situación unieron fuerzas y cerraron su proyecto de poder a futuro. Luego, las hordas de la ultraizquierda, como se vio en directo por la tele, fueron el vehículo  para destruir la Plaza del Congreso y atacar a la policía, pensando que la planeada irrupción en la Cámara de Diputados para impedir la sesión, podía convertirse en una acción épica que sería festejada como un triunfo político.
Pero la situación se desmadró. Las primeras espadas de Cambiemos dicen que todo tiene que ver con que Cristina y Massa no aceptan que el peronismo sea  un actor de reparto. Tampoco lo asimiló Eduardo Duhalde y sus aliados partidarios y económicos cuando gobernaba Fernando de la Rúa. Con la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez, la compleja interna radical y la derrota en las elecciones de medio término, a De la Rúa no le quedó otro camino que negociar con el justicialismo. El Presidente de la Alianza, por miopía o inocencia, permitió que el Caballo de Troya durmiera junto a él en la quinta de Olivos. La historia tiene final conocido: tras una crisis de siete días, cinco mandatarios y más de 35 muertos, Duhalde fue Presidente como desenlace de la crisis del 19 y 20 diciembre de 2001.
 
UNA SOCIEDAD PARA EL PODER
 
Los asesores presidenciales sostienen que Cristina cree que Macri maneja la justicia federal. Y Massa sabe que su actual relevancia política puede ser el abrupto epitafio de su vocación de poder. Entonces, avanzaron contra Macri, que ya había cerrado un pacto con los gobernadores peronistas que desconfían de CFK y del ex jefe de Gabinete. El Presidente completó un acuerdo que dejaba afuera del escenario a sus principales adversarios políticos y le permite mirar hacia adelante en una agenda que podría coronar con su reelección en diciembre de 2019.
En los pasillos de la Casa Rosada comentan que el plan de Cristina y Massa se parece a la lógica que aprovechó Duhalde para suceder a De la Rúa: caos en la calle, descontrol en el Parlamento y vacío de poder. 
Pero lo que hay que decir, es que Macri no es De la Rúa. Tiene vicepresidente, ganó la elección de medio término y sus relaciones con el establishment son fluidas. Por eso, tras la votación definitiva de la ley de reforma previsional, un nuevo esquema de poder coexiste en la Argentina: el Presidente y su acuerdo con los gobernadores de la oposición, Por otro lado, cohabitan de manera disgregada, Cristina y Massa, la izquierda que es funcional al peronismo más intransigente, la CGT y las organizaciones sociales que buscan su propio destino. Es un escenario muy dividido que le sirve al Gobierno y que Cristina y Massa deberán revertir si es que quieren regresar a la Casa Rosada. 
 
CUIDADO CON EL MENSAJE DE LAS CACEROLAS
 
Por el lado del oficialismo, parecen existir límites más espinosos de los que Macri suponía para avanzar con su plan de reformas. Casi no empezó con ellas y explotaron bengalas en el cielo. El Presidente confesó públicamente que muchas de los cambios que piensa le quitan horas de sueño. Después de lo visto con los últimos sucesos frente al Congreso podría quedar insomne o atrapado en una pesadilla. El escollo no sería únicamente la oposición. El lunes pasado se produjeron protestas ciudadanas no violentas tanto en los barrios porteños como en diversas ciudades del interior y puntos del Gran Buenos Aires. La Plata, Adrogué, Avellaneda, La Matanza, San Martín, Morón, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Ituzaingó, Mar del Plata y hasta la Quinta de Olivos, fueron algunos de los lugares en el territorio bonaerense donde se expresó el rechazo mediante el ruido de las cacerolas. El martes volvieron a repetirse.
Tanto el Gobierno como la oposición, coinciden en que la situación económica del país es mala. El plus del oficialismo, la esperanza de que las cosas podían mejorar con Macri en la Presidencia, es lo que ahora está en cuestión, como nunca antes. Por estas horas, en los pasillos de la Casa Rosada deambulan temores e incertidumbres de todo tipo. Tienen que ver con el comportamiento que tendrá la calle frente a las reformas que faltan encarar, sobre todo en el campo laboral. Si bien es cierto que Macri cuenta con crédito, el fervor popular siempre mengua cuando alguna mano se mete en sus bolsillos de manera tan recurrente.
Esta vez las cacerolas hablaron contra el macrismo. Su ruido fue un alivio, una suerte de registro opuesto a la brutalidad de las piedras, los morteros y las molotov. Descontada la militancia opositora llamada a expresar su descontento, el regreso de las cacerolas recordó que la protesta pacífica siempre será un instrumento más eficaz y un alerta más efectivo.

lunes, 18 de diciembre de 2017

Con el Papa, la CGT y Carrió en contra, a Macri se le incendia la reforma previsional

La mayoría de los legisladores de la oposición le temen a la condena social. Están convencidos, que si votan en contra de los derechos de los jubilados, no podrán salir a la calle sin que la gente los insulte. Por esa y por otras razones, hay quienes dan por seguro que la reforma previsional que promueve el Gobierno y que tiene media sanción del Senado, estaría condenada al fracaso en Diputados.




El repudio a la iniciativa, llueve desde todos los frentes y hasta de la propia Iglesia, que observa una dolorosa estocada al corazón de la clase pasiva. “Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien, es un pueblo que ¡no tiene futuro!”, lanzó el Papa Francisco a través de un mensaje difundido por el Vaticano en redes sociales. De esa manera, el jefe de la Iglesia Católica invitó a rezar por los ancianos. El mensaje de Jorge Bergoglio sacudió los cimientos de la Casa Rosada, y también de la Cámara de Diputados, donde el gobierno nacional aspira a convertir en ley el nuevo cálculo jubilatorio antes de fin de año. El Presidente recibirá en los próximos días en este contexto de mensajes tácitos papales contra la reforma a la nueva cúpula episcopal que encabeza monseñor Oscar Ojea, que se supone que también pondrá el grito en el cielo, en linea con el Santo Padre.
Si bien Mauricio Macri apuesta a convertirla en ley en sesiones extraordinarias, tanto el massismo residual como el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria se pronunciaron en contra de la iniciativa. 
En este clima de aguas turbulentas, empiezan a surgir voces de diputados aliados del gobierno que van a anticipando su voto negativo. Es el caso de los peronistas Diego Bossio y Eduardo "Bali" Bucca. En tanto que todo el bloque de Sergio Massa ya anticipó su rechazo. Si bien es cierto, que la reforma laboral quedó para 2018. pero ahora el triunvirato de la CGT cuestiona la llave maestra del ajuste: la reforma previsional para hachar la movilidad jubilatoria. Analizan incluso, un paro parcial en defensa de las jubilaciones. 
Además, las encuestas no favorecen tampoco al Gobierno. Apenas uno de cada cuatro argentinos, cree que la reforma va a ser beneficiosa para los jubilados. Y siete de cada diez personas sostienen que la nueva fórmula de cálculo del aumento de haberes va a ser perjudicial. Ambos datos son una demostración de que gran parte de los ciudadanos ya sabe, algunos un poco más y otros un poco menos, que con la nueva iniciativa se reducen los aumentos a los jubilados y que el gobierno quiere “ahorrar” más de 100 mil millones de pesos en 2018 a costa de los ingresos de la clase pasiva. Esa mirada negativa sobre el ajuste que implica la reforma se percibe también en otras opiniones. Prácticamente la mitad de la población dice que los jubilados están peor que hace dos años, es decir durante el gobierno kirchnerista, mientras que apenas uno de cada cinco argentinos piensa que mejoraron la situación desde 2015. En sintonía con ese análisis, la casi totalidad de los ciudadanos evalúan que una persona que percibe la jubilación mínima no puede vivir dignamente. 
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. 
 
UN PROYECTO A TODAS LUCES INCONSTITUCIONAL
 
Todas estas cuestiones permiten vislumbrar un final impredecible para la sanción de la reforma previsional. Con media sanción en el Senado, el Gobierno pretende que la Cámara de Diputados apruebe el texto este mes sin que se le altere una coma. No le dará el gusto el Bloque Justicialista. El potencial aliado del oficialismo trabaja por estas horas en una propuesta con modificaciones que, de prosperar, obligaría a que la iniciativa retorne al Senado para su análisis.
"Este proyecto, así planteado, es invotable, además de inconstitucional. No podría regresar a mi provincia si la voto. Vamos a quedar como los herederos de Fernando De la Rúa, como los diputados que les bajamos los haberes a los jubilados", disparó, visiblemente inquieto, un integrante del Bloque Justicicialista y fiel ladero de un gobernador de la zona pampeana.
El costo político de aprobar esta iniciativa es lo que más genera preocupación en varios legisladores. Pero en estos días también emergieron señales peligrosas para el Gobierno por parte de Elisa Carrió. La aliada estratégica, comenzó a aturdir a los líderes de Cambiemos, que temen que un planteo inesperado de la chaqueña frene la ley. 
Carrió advirtió que sólo votará la reforma previsional si tiene garantías de que los jubilados no perderán poder adquisitivo. Su principal reparo tiene que ver con el empalme entre la actual fórmula de cálculo de los aumentos a las jubilaciones y la que prevé el proyecto de ley.
Según especialistas, con el cambio de la fórmula previsto para marzo, los jubilados perderían un 8%. El aumento sería de 6% y no de 14%, porque el ajuste ya no sería semestral, sino trimestral.
"De la reforma previsional me consultaron 8 a 10. El resto, me lo escondieron. Y el lío se arma con lo que esconden", arrancó Carrió. Enseguida, destacó que la nueva fórmula "es la mejor que puede existir" porque, argumentó, "garantiza el poder adquisitivo de los jubilados".
Entonces sí, avanzó sobre los cuestionamientos. "Si se asegura un adicional de 4% [a las subas previstas por el nuevo régimen, que rondarían el 20%], vamos a votar. Si no seguiremos negociando", advirtió la diputada. Avisó que pedirá que el compromiso de garantizar ese porcentaje extra quede asentado por escrito. "Si ese papel no existe, yo no voto la ley", agregó. Y como para que no quedaran dudas, remató: "Ya he cambiado votaciones antes y si tengo que hacerlo con Cambiemos, lo voy a hacer. No tengan dudas.Si me garantizan que a fin de año está el 24 por ciento de aumento, yo firmo", reafirmó 
Hay que decir además, que Lilita no pasa por su mejor momento en la relación con el Presidente, tras rechazar, con comunicado y amenazas judiciales, la promoción de Enrique "Coti" Nosiglia como delegado de la Ciudad en el Comité nacional de la UCR, que elige autoridades el 15 de diciembre. Tampoco asistió al agasajo de Macri en la quinta de Olivos.
También surgieron otros problemas como la posible inconstitucionalidad de la ley por tener efectos retroactivos sobre el cálculo de jubilaciones, al cambiar la fórmula de actualización para marzo.
Por estas horas es notorio, que la voz  de Carrió podría alterar a radicales que no están felices con bajar las jubilaciones y tomarían cualquier atajo para escaparse. Por eso quieren ajustar las tuercas. Y evitar una sorpresa. 
Mientras tanto, la mayoría de los especialistas coinciden en que el mecanismo propuesto por el Poder Ejecutivo con el apoyo de una parte de la oposición resultará una retracción notoria de la capacidad de compra de los haberes. El objetivo del oficialismo es lograr que la Cámara de Diputados la convierta en ley la semana próxima, para quedarse con cien mil millones de pesos anuales de los bolsillos de la clase pasiva. 
 
EL DIPUTADO "CARA DE PIEDRA"
 
Según los juristas más prominentes, el proyecto resulta inconstitucional y generará una avalancha de juicios contra el Estado. La Corte Suprema "es contundente al señalar que la movilidad debe guardar una razonable proporción con la evolución de los salarios". Por eso, cualquiera sea la fórmula el problema se presentará "cuando los aumentos se alejen de los incrementos salariales de los activos". Si eso ocurre, entonces volvería la litigiosidad, "que venía disminuyendo fuertemente" en los últimos años.
También se denuncia que los senadores de la oposición votaron la reforma sin leerla, obedeciendo las órdenes de los gobernadores, que quieren asegurar a futuro los recursos que les prometió la Casa Rosada a cambio de la reforma impositiva. 
Las organizaciones gremiales más combativas pusieron su cuota malestar en medio de la tormenta y amenazaron con escrachar públicamente con nombre y apellido a los diputados que voten a favor de la reforma.
En tren de sacar cuentas, la realidad que se avecina para el futuro los jubilados, cuya gran mayoría gana poco más de 7 mil pesos es muy dura, ya que verán disminuir sus haberes notoriamente, con los que se les complicaría poder abastecerse de los remedios indispensables y alimentos. 
Para que se tenga una idea del recorte que planea la Casa Rosada, la mayor suba de la recaudación de AFIP en la última parte del año elevaría el incremento de jubilaciones de marzo a 14,5, pero con la ley del macrismo serán casi 9 puntos menos. “Van a perder plata pero no poder adquisitivo”, afirmó el diputado Pablo Tonelli (PRO), quien salió a apagar el fuego con un balde de nafta y generando una catarata de repudio en las redes sociales. El insulto más suave que recibió fue el de "turro", un calificativo popular que con frecuencia se utiliza para condenar a los que no han democratizado aún sus corazones.
Tonelli (foto), al que otros tildaron también de "cara de piedra", defendió el proyecto de reforma previsional que prevé un cálculo de movilidad que el propio legislador reconoció dará aumentos menores que con la fórmula actual. Pero lo cierto es que los jubilados perderán plata y, por consiguiente, poder adquisitivo, y esa pérdida será en marzo mayor a lo previsto hasta el momento. 
Tonelli hizo recordar otro hecho lastimoso del pasado, paradójicamente fue el de una funcionaria de su gobierno. Lo que hizo Patricia Bullrich con el recorte del 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados,cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza.
 
UN DESPOJO PARA LA CLASE PASIVA
 
En la ecuación prevista en la reforma previsional que la Cámara baja comenzará a tratar la semana próxima se toma en cuenta trimestralmente el 70 por ciento de la inflación y el 30 por ciento de la evolución del índice de salarios de trabajadores activos que elabora el Ministerio de Trabajo.
En este contexto, hay que señalar que la fórmula de movilidad previsional se utiliza para ajustar los haberes jubilatorios pero también numerosas prestaciones de la Seguridad Social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales, las pensiones no contributivas (invalidez y otras) y las pensiones a ex combatientes de Malvinas. Es un universo de 17,4 millones de personas. El objetivo del Estado es conseguir un ahorro de más de 100 mil millones de pesos en prestaciones el año próximo, tal como solicita el Fondo Monetario Internacional. En la ecuación actual de movilidad se calcula por semestre en un 50 por ciento por la evolución de la recaudación tributaria por beneficio y el otro 50 por la suba de los salarios, según cifras del Indec o Ripte, el que dé el valor más alto de ambos indicadores. 
 
EL OPOSITOR AMIGABLE QUE PUSO SU SELLO
 
La propuesta macrista tuvo un pequeño retoque del senador justicialista Miguel Angel Pichetto, que permitió mejorar el cálculo en 0,06 puntos pero que sirvió de guiño político para presentarse como un opositor amigable, dado que el oficialismo se tomó catorce minutos en aceptar la modificación. La primera versión contenía un plus sobre crecimiento del PIB a pagar una sola vez al año. 
El haber mínimo pasaría con la fórmula actual de 7246 a 8296 pesos, 1050 pesos de suba (14,5 por ciento), mientras que de aplicarse el cálculo propuesto por el Gobierno la mínima pasará a 7660 pesos, con un alza de 414 pesos. La diferencia entre ambos cálculos es de 636 pesos, que el jubilado dejará de percibir por el cambio de medición. 
Obviamente, a medida que se avanza en los montos de jubilación, la pérdida en términos absolutos en dinero es mayor. Tonelli, con absoluto caradurísmo, sostiene “el jubilado va a perder plata pero no poder adquisitivo”. En una extraña defensa del proyecto que su espacio impulsa en el Congreso, insistió en el argumento oficial de que el sistema actual no es sustentable. “Con la fórmula actual se corre el riesgo de que en poco tiempo el sistema esté desfinanciado y entonces sí haya que apelar a medidas mucho más drásticas y gravosas para los jubilados”, aseguró el diputado, que reconoció que entre una fórmula y la otra el aumento es menor. “Lo importante es que no queden por debajo de la inflación y del aumento de los precios. El aumento será menor, pero igual van a estar por encima de la inflación”, agregó Tonelli, quien así descarta la posibilidad de que los abuelos y abuelas puedan tener una recomposición real de ingresos. 
Entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 las jubilaciones registraron aumentos acumulados de 950 %, mientras que la inflación medida por consultoras privadas y el ente estadístico porteño fue de 692%. Durante ese período el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos. Si en lugar de aplicarse esa fórmula las jubilaciones hubieran estado atadas a la inflación, la mínima habría quedado en 5470 pesos, un 24,5 por ciento menos.
Frente a este clima enrarecido, son horas tensas las que se viven en el Congreso. Es posible que la oposición pueda introducir modificaciones al texto y lo devuelva al Senado. El Gobierno lo ve como una verdadera pesadilla, ya que vería retrasar irremediablemente la sanción de la ley cuando esperaba ponerle un moño al año con las principales reformas económicas aprobadas. 
Hay que tener en cuenta, que a diferencia del Senado, la Cámara de Diputados es un órgano más sensible al ánimo de la opinión pública. Y por lo tanto, más impredecible en su comportamiento. Representa al pueblo de la Nación y, como tal, todas las voces políticas buscan hacerse escuchar a través de discursos firmes y enardecidos. Es un escenario difícil de domar cuando no se cuenta con mayoría propia. Un estigma que Cambiemos mantendrá a partir de ahora, aún cuando haya engrosado su bloque con 110 diputados propios. Más allá de las especulaciones, nadie de la oposición quiere poner la firma y quedar pegados en la historia negra de la política, por haber  condenado a muerte el futuro de los jubilados. 

Carta abierta a los legisladores: ¡no condenen a muerte a los jubilados!

El gobierno de Cambiemos está por reestrenar en la cartelera política 2017, la misma película de terror que se vio durante el gobierno de la Alianza. Por rara coincidencia, aquella vez, por octubre del 2000, Patricia Bullrich, era ministra de Trabajo y en su medida más recordada e impopular, le recortó el 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados.



Paradójicamente, durante ese año, también se batió el hito de personal suspendido y recorte de horas laborales. Casi 18 años después, con el acuerdo con sus aliados de la Coalición Cívica, Mauricio Macri decidió avanzar con la reforma previsional que había sido aprobada en el Senado, sin introducirle cambios y se votaría la próxima semana en la Cámara de Diputados. Esta vez, la poda para la billetera de la clase pasiva, será por 100 mil millones de pesos para tapar un agujero financiero. Es la suma anual que aconsejó el Fondo Monetario Internacional y la fórmula más cómoda que se encontró, para buscar la solución a un problema de caja. ¿No era mejor acaso, volverle a poner las retenciones a las mineras, que tienen récord de ganancias y contaminan todo a su paso?. ¿O buscar recursos en los nichos de la patria financiera?.
La quita a los jubilados, es la medida más impopular que se recuerde. La fórmula de movilidad, alcanza a más de 17 millones de personas, si contabilizamos jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte). Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre. 
Para que se entienda y sin anestesia, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se aplicará la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. Poco más de seis puntos menos. Esto lleva a que en el inicio del cambio de ecuación, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. De esta manera, para 2018 allí salta a todas luces el “ahorro” para el Estado de casi $ 100 mil millones.
Con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, la mejora sería de 570. La quita de $ 630 sobre $ 1.200 es del 52,5%. 
Por estos motivos, por aplicar un retroactivo que implica, además, una merma en los beneficios, los abogados constitucionalistas sostienen que el cambio es “inconstitucional”.
En la Casa Rosada asumen que la reforma abre la puerta a que los jubilados inicien nuevos juicios contra el Estado. En efecto, el oficialismo reconoce que hay argumentos jurídicos para reclamar por el ajuste sobre jubilaciones, asignaciones familiares y beneficios de la Asignación Universal por Hijo.
"Si, sabemos que pueden haber juicios por la reforma. Siempre los hay con este tipo de cambios", manifestó un funcionario de primera línea. Por un lado, reconocen que la nueva fórmula de haberes, basada en 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte), puede generar juicios ya que los jubilados pierden poder adquisitivo en comparación con la fórmula actual, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación.
Además, aceptan que hay un desfasaje ya que en marzo de 2018 los jubilados percibirán 6% menos de lo que deberían percibir con la fórmula actual. En Casa Rosada asumen que habrá reclamos justamente por esa merma, cuando se comience a aplicar el cálculo oficial.
En definitiva se modifica tanto el período como los índices de ajuste en forma retroactiva y se agrega un retraso de 5 meses.En el mismo proyecto de ley, la garantía del 82% es sobre el salario mínimo, vital y móvil y se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía. Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.
Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos. Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Actualmente, la intimación del empleador sólo puede concretarse si el trabajador reúne dos requisitos: tener como mínimo 65 años y al menos 30 años de aportes.
Un reciente informe de la Asociación de abogados y abogadas laboralistas concluye además que la reforma previsional es “inconstitucional, regresiva y que vulnera los derechos humanos de los trabajadores”. Horacio R. González y Luciano González Etkin advierten que la aplicación retroactiva de la fórmula aprobada en el Senado vulnera el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho de propiedad, tutelados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. La propuesta de sustituir la fórmula de movilidad por otra incluye aplicar la nueva en forma retroactiva respecto de un período ya cumplido, casi en su totalidad (julio-diciembre de 2017). Se actualizarán los montos considerando la inflación trimestral con un rezago de seis meses. 
Antes de poner la firma, los legisladores deben pensar que están condenando a muerte el futuro de los jubilados, los que se rompieron el lomo toda la vida para construir un país digno, que en vez de premiarlos, ahora los castiga a comer menos y tener menos remedios. Señores: a los que nosotros les dimos el poder del voto, hablen con sus conciencias seriamente, porque tal vez no puedan volver a salir a la calle, sin que los ciudadanos les recuerden de manera permanente quién los parió...

Macri tiene la Gendarmería fácil

Hasta el más incrédulo podía imaginar que el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso, iba a terminar en medio de un verdadero infierno. Ya el propio miércoles, las más de 200 mil psonas que desbordaron la 9 de Julio, representaban el anticipo de que el descontento popular era muy fuerte.




Pero Cambiemos no escuchó el mensaje. Confiaba en que le daban los números. Y hasta en el bochornoso intento por dar quorum, tuvieron que apelar a la presencia de dos diputados que no habían jurado. Pretendían dibujar una realidad que no era. Pero la intentona fracasó. Ni siquiera los diputados peronistas que responden a los gobernadores, que habían arreglado con la Casa Rosada ayudar en el empujón, se bajaron del carro. Revisaron el manual del justicialismo y encontraron la histórica frase: "el peronismo acompaña hasta las puertas del cementerio, pero no entra". Entendieron sobre la hora, que la condena que llovía de todos los frentes los acompañaría de por vida.
El Gobierno sabía que iba a haber provocadores. Y armó un verdadero ejército para disciplinar a la muchedumbre, repartiendo palos y gases para todo el mundo. No hizo otra cosa que desenterar el recuerdo de las viejas postales color sepia de los años de la dictadura militar.
Mauricio Macri aceleró el tratamiento de la reforma previsional para evitar debatirla entre el 19 y el 20 de diciembre y esquivar, de tal modo, un clima de provocación y caos en una fecha tan simbólica, como la que terminó con Fernando de la Rúa saliendo en helicóptero de la Casa Rosada. Pero la apuesta le salió mal. La sociedad, la oposición y los medios no se guían por las especulaciones marketineras del laboratorio amarillo. Los aires de militarización en las narices del Congreso, que ensayó la ministra Patricia Bullrich, fue tomado como un gesto de soberbia y explotó todo.
Lo que quedó claro, es que Macri tiene la Gendarmería fácil. Representa un jugador clave de su relato. Cuando todos creíamos que después de la fortaleza política que le dieron las urnas después del 22 de octubre, el Presidente encararía camino de la madurez, quedó en claro que aún adeuda una materia.
Frente al lastimoso escenario que se vio en las puertas de la casa de la democracia, como lo es el Congreso de la Nación, quedó patentizado que las fuerzas de seguridad se han convertido en el aliado que le falta al Presidente, para afrontar con mano dura el complejo de ingobernabilidad que suele afectar a los mandatarios que no lograron aún hegemonía político-institucional.
Macri podía haber esperado y abrir el juego para la discusión, haberse ahorrado el lastimoso momento de mostrar insensibilidad, al clavar la daga en los bolsillos de los jubilados. La Casa Rosada no supo leer ni siquiera lo que le sugirieron los medios más oficialistas, cuando advirtieron que la operación era muy riesgosa y tenía un costo muy alto. 
Cuando las encuestas lo favorecían, señalándolo como el cambio y la puerta para abrir la esperanza a un país distinto, Macri patinó en su apuro por querer demostrar que si las cosas no se hacían como el pretendía, "el país explotaba". Así lo advirtió ante la prensa.
Por estas nadie duda que el sistema previsional está en terapia intensiva, porque de allí se auxilia al Tesoro y también sale el dinero para pagar  a casi cuatro millones de personas que reciben la asignación universal por hijo. La falta de generación de empleo, es otro de los males que padece el sistema. No es un  problema de Argentina. Pasa en todo el mundo, pero en la mayoría de los países de tomaron años para resolverlo. Pero la Argentina carece de un plan maestro y gasta más de lo que recauda. 
Hay cientos de páginas que hablan del fracaso por hacerle caso a las recetas del FMI, pero nunca aprendemos la lección. Tampoco se sale del pozo con gendarmes y piedrazos.
En medio del clima tenso, Elisa Carrió, la menos convencida del proyecto de la Casa Rosada, fue la que apagó el fuego. En medio de los abucheos, bajó la persiana en Diputados al señalar que “en este clima de violencia no se puede hacer una sesión. No vamos a responder a la violencia con violencia”. Y luego echó algo de luz sobre una de las cuestiones más controvertidas del debate. "Va a haber compensación a los jubilados", aclaró. 
Por qué no lo dijeron antes, se podía haber debatido y nos hubiéramos ahorrado este bochorno.
La tensión que se vivió en Diputados este jueves y dio inicio a un nuevo ciclo de protestas, plantea un escenario totalmente diferente al deseado por el Presidente. Macri esperaba para esta semana un cierre con la frutilla del postre y la madre de todas las reformas en la ganchera. Pero con lo acontecido, tiembla el pacto fiscal y los acuerdos con los gobernadores se desgranan. Y hasta se ponen en riesgo los 40.000 millones anuales adicionales que comenzará a recibir el gobierno bonaerense. Esa lluvia de dinero que María Eugenia Vidal espera para motorizar obras con miras a una reelección en 2019, dependen de una arquitectura financiera y tributaria cuya supervivencia dependía de la sesión de este jueves.
Significaba además, una directa señal para los mercados, luego de haber sido Macri anfitrión de la uncédima cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Es de esperar, que el paréntesis sirva para la reflexión y que se pueda borrar la foto del escenario militarizado con diálogo y consenso. Si ese despliegue de carros hidrantes, gases y balas de goma es para demostrar los costos políticos que la administración Cambiemos está dispuesta a afrontar para avanzar con las reformas, el país entrará en una noche oscura que nos puede doler a todos.

Con un auto cada 2 habitantes, La Plata se ha convertido en la ciudad de la furia

Manejar hacia el centro de La Plata, es como empezar a rifar las coronarias. Manifestaciones, calles rotas, otras reducidas por autos mal estacionados, cuadrillas de poda de árboles, colectivos endemoniados copando todos los espacios, salida de las escuelas con padres en doble mano y camiones descargando mercadería en la misma situación, ponen a cualquier vecino al borde de un ataque de nervios. Ni que hablar, pretender querer meterse en Plaza Italia, viniendo por las avenidas 7 o 44.




Según datos del Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, la tasa de motorización en la ciudad en 1994 era de un auto cada 7,5 habitantes. Pero en la actualidad, es de un coche cada 1,8 personas, a lo que hay que sumarle el crecimiento de la población. Frente a este escenario, los peatones poco colaboran. En su gran  mayoría, son verdaderos kamikazes que irrumpen por los sitios mas inesperados, sin respetar las sendas peatonales, arriesgando sus vidas y obligando a maniobras desesperadas a los automovilistas. Es la fotografía más acabada de infracciones que nadie controla o penaliza, a pesar de que la plantilla de empleados municipales es muy generosa en recursos humanos. 
Desde Control Urbano se cubren y señalan que las infracciones más comunes en ciudad son “la doble fila y el estacionamiento en ochavas y en rampas de discapacitados”. Por eso el Concejo Deliberante dictó una ordenanza que sube las multas de ese tipo. No obstante, no hay cifras oficiales de cuantas actas de infracción se labran.
En medio de la polémica, el  Observatorio de Movilidad, dependiente de la Facultad de Arquitectura, advirtió a las autoridades sobre los riesgos de avanzar en un Código Urbanístico sin contemplar a los ciudadanos. 
Uno de los grandes problemas que está teniendo la ciudad, a partir del desordenado crecimiento urbano registrado desde hace algunas décadas, es la permanente congestión vehicular generada en el casco urbano, acompañada de un deficiente transporte público y un aumento constante de los accidentes de tránsito.
La ausencia de estacionamientos, es otro de los dramas. Circular de 33 a 42, por 4, 5 o 6 se convierte en algo tortuoso, ya que hay vehículos estacionados de las dos manos y apenas pasa uno por el medio. Idéntico cuadro de situación se vive por las mismas arterias de 3 a 7. Muchos vecinos de Ringuelet, Gonnet, City y Villa Elisa que trabajan en el centro dejan sus rodados en esas calles y luego se toman un micro para no pagar estacionamiento.
La falta de un plan preciso de movilidad dentro de los debates y propuestas que viene generando la comuna en torno a la posibilidad de reformar el Código de Ordenamiento Urbano, fue uno de los puntos que le criticaron especialistas, en el marco de la serie de charlas que se vienen desarrollando en el Colegio de Arquitectos.
Durante uno de estos encuentros, se realizó un diagnóstico y se desarrollaron una serie de propuestas a partir de la exposición realizada por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, espacio perteneciente al Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
“La movilidad suele quedar como una cuestión sectorial en la planificación urbana. Noso­tros intentamos transmitir cuán ligada está una cosa con otra”, manifestó Laura Aon, arquitecta y directora del Observatorio. La profesional remarcó que “en muchas ciudades de la Argentina ha ocurrido en los últimos años que la periferia crece sin organización. Los planes Procrear, los  federales de viviendas de 2004 y los countries, crecieron en lugares que no son conceptualmente urbanos. Porque no hay infraestructuras, no hay actividades residenciales, terminan siendo periferias dormitorio”.
Según números de la Dirección Provincial de Estadísticas, son  687 mil personas que viven en todo el territorio de la ciudad de La Plata. Pero desde el Observatorio afirman que 200 mil residen en el Casco Urbano, mientras que las restantes 487.000 lo hacen en la periferia, lugar que tiende a seguir creciendo. “De estas personas, hay casi un 80% que viaja todos los días al centro de la ciudad. Esto tiene un impacto muy fuerte en la movilidad”, afirmó Aon.
A pesar del crecimiento urbano en las afueras, la centralización de las actividades administrativas, educativas, culturales y los servicios de salud siguen estando mayormente en la zona céntrica. “Esto termina impactando en el transporte público, porque con periferias muy lejanas en las que tampoco hay una dosificación continua, porque hay grandes vacíos, es muy difícil hacer económicamente sustentable para las empresas transportistas el desarrollo del transporte público”, reflexionó Aon.
En esa dirección, también agregó que terminan quedando sujetas al aporte del Estado. “El problema es que los subsidios al transporte a escala local en las líneas municipales es muy bajo. Por eso en este tipo de ciudades no es negocio una empresa de transporte público”.
Según los datos del Observatorio, la tasa de motorización en La Plata en 1994 era de un auto cada 7,5 habitantes. En la actualidad es de un coche cada 1,8 personas, a lo que hay que sumarle el crecimiento poblacional que tuvo la ciudad en esos años para tener una dimensión de lo que esto implica.
“Entonces, la congestión perjudica al transporte público, porque se dan tiempos de viaje más largos; afecta a los usuarios de autos, porque tienen esperas y no encuentran estacionamientos, y contamina el medio ambiente. Todo se vuelve endemoniado”, finalizó Aon. 
Tampoco hay que perder de vista que la proliferación de automóviles y la congestión vehicular influyen en el aumento constante de los accidentes de tránsito. No es casualidad que, según el relevamiento de la ONG Corazones Azules, La Plata sea la ciudad con más muertes por siniestros viales del país en relación con su población.
Esta organización informó en julio que, según cifras oficiales, en 2016 hubo 95 fallecidos sobre una población que el Censo 2010 ubica en 649.000 habitantes, lo que implica una muerte cada 6.831 personas. En tren de comparaciones, en la ciudad de Buenos Aires, en el mismo período hubo 109 muertes, en 2.890.000 habitantes, uno cada 26.513.
Desde el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata proponen que la clave para generar un desarrollo urbano que contemple soluciones al problema es “bajar la demanda de movilidad para que no tenga que venir todo el mundo a resolver las cuestiones de salud, educación o trámites en el casco céntrico.Para esto, como propuesta de mediano o largo plazo, hay que desarrollar centralidades nuevas en la periferia, lo que implica descentralizar lo que hoy está anclado en el Casco Urbano, lo cual demanda inversión. No se puede resolver la movilidad si no se están buscando recursos para invertir, y para estudiar a dónde hay que invertir”, afirmó la arquitecta Laura Aon.
Como medida urgente, se planteó la necesidad de generar “carriles exclusivos para el transporte público, una suerte de metrobús, porque la demanda de viajes al centro es una realidad y hay que resolverla. Hay que procurar que la mayor cantidad de gente pueda venir en transporte masivo”.
Aon destacó que “si bien es algo que se ha empezado a probar, no hay todavía una mirada sistémica, tampoco un conocimiento de los flujos principales de la población, ni una idea estructural de qué corredores van a surcar de lado a lado todo el partido”.
Otra de las dificultades que plantea el Observatorio y que influye en la movilidad, es que las normativas locales en torno a la construcción y edificación han sido “muy permisivas”. Uno de los aspectos  más descuidados es la posibilidad de que se construyan edificios altos “sin requerimientos de una adecuada cantidad de estacionamientos por los departamentos que tiene, lo que redunda en más autos en la calle o en la vereda”.
También se hizo hincapié en que “no hay un control en cuanto a las tipologías que se proponen para las torres de departamentos. Entonces el sector inmobiliario tiende a hacer tipologías que le resultan económicamente óptimas, que son monoambientes o departamentos de un dormitorio. De esta forma se tiende a expulsar a las familias numerosas para afuera del casco y esto incrementa la demanda de movilidad, porque tienen que venir diariamente al centro”.